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Nueva Orleans, La - Por generar daño irreparable al medio ambiente a través del uso de productos no amigables y falsificar métodos de trabajo   han sido acusadas dos empresas del sector de buques y corresponden a Empire Bulkers Limited y Joanna Maritime Limited.

Ambas empresas están vinculadas y cuentan con sede de base en Grecia; mediante un inspección realizada en marzo del año 2022 en Nueva Orleans (donde operaba Joanna Maritime Limited), las autoridades se percataron que el registro obligatorio de hidrocarburos que se presenta a los guardacostas estadounidenses, había sido manipulado para ocultar vertidos indebidos, en este sentido el sensor que detecta la presencia de residuos de aceites que caen por la borda fue modificado para que se confundiera con agua dulce.

De acuerdo a datos arrojados en la investigación también se descubrió anomalías en el recinto de operaciones, siendo la presencia de gotas de aceite la pauta para determinar fuga activa de  fuel-oil (es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo en el proceso de destilación), cabe señalar que esa negligencia atenta contra la seguridad de los colaboradores puesto que al mantener  desactivadas las válvulas de alivio de presión de los calentadores de fuel-oil el riesgo de explosiones es latente.

El fiscal General Adjunto Todd Kim, de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia manifestó "No se equivoquen, la manipulación deliberada de los equipos de control de la contaminación y la falsificación de los registros oficiales del buque para ocultar vertidos ilegales son delitos graves".

Cabe señalar que Ley de prevención de la contaminación por los buques (APPS) fue violentada en todas sus expresiones por tal razón Kim agregó “La conducta ilegal, engañosa y peligrosa no será tolerada y será perseguida con todo el peso de la ley".

La investigación se hizo posible bajo la dirección del Servicio de Investigación de la Guardia Costera de EE.UU. y con el apoyo de la Guardia Costera de Nueva Orleans y el Octavo Distrito de la Guardia Costera.

Mary Ann Vial Lemmon (Juez del Tribunal de Distrito de EE.UU) fue la encargada de deliberar el caso y determinó como multa un millón de dólares por cada empresa, más 4 años de libertad condicional para los propietarios de las empresas en mención.