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La justicia concede una victoria al movimiento antiabortista en Estados Unidos

Publicado: 27 Junio 2018

El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró este martes “probablemente” inconstitucional una ley de California que obliga a organizaciones contrarias al aborto a proporcionar información sobre procedimientos de interrupción del embarazo financiados por el Estado.

El fallo, propiciado por la mayoría conservadora en el tribunal, no afecta a la legalización del aborto por parte del Supremo en 1973, pero sí supone un espaldarazo al movimiento antiabortista.

En EE UU, hay alrededor de 2.700 “centros de atención y crisis” del embarazo, vinculados a organizaciones cristianas. En California, unos 200. Son cifras superiores a las de las clínicas que practican
abortos, según datos de Reuters.

Los defensores de esas organizaciones alegan que ofrecen una información legítima contraria a la interrupción del embarazo, mientras que los críticos esgrimen que engañan a los pacientes al aparentar ser centros médicos.

La ley había sido aprobada en 2015 por la Asamblea y el gobernador demócrata de California y entró en vigor en 2016. Obliga a los centros registrados como organizaciones de planificación familiar a colgar o distribuir información en sus sedes sobre los programas estatales que ofrecen servicios gratuitos o muy asequibles sobre contracepción u opciones de interrupción del embarazo.

Esas organizaciones esgrimieron que la ley vulneraba su derecho a la libertad de expresión, blindado en la Primera Enmienda de la Constitución, al ser obligadas a transmitir un mensaje contrario a sus valores. El Supremo les da la razón al considerar que “probablemente viola la Primera Enmienda”.

El Instituto Nacional de la Familia, que presentó la demanda, celebró el fallo contra una ley que calificó de “coercitiva” por obligar a “publicidad gratuita para abortos financiados con impuestos”.

En cambio, el fiscal general californiano, Xavier Becerra, lamentó la decisión del Supremo. Dijo que el objetivo de la ley era que mujeres con pocos recursos tuvieran acceso a información “crítica y no sesgada” sobre las distintas opciones en caso de embarazo.

La Asamblea Legislativa de California había acusado a esos centros religiosos de “publicidad y asesoramiento intencionadamente engañoso que suele confundir, desinformar e incluso intimidar a mujeres a la hora de tomar decisiones, plenamente informadas y con tiempo, sobre un asunto crucial de salud”.

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